SALMONERA DE VILLARRICA ARRIESGA MULTA DE HASTA $4 MIL MILLONES POR OPERAR SIN PERMISO
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra las sociedades Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Ltda. y Acuícola e Inversiones Nalcahue Ltda., dueñas de la empresa de cultivo de salmones Piscicultura Chesque Alto, que opera en la zona alta de la comuna de Villarrica en la Región de la Araucanía, por “modificaciones significativas al proyecto original sin contar con el permiso ambiental requerido”.
No es primera vez que la empresa salmonera, propiedad de los empresarios Germán Malig, Julio Malig y Cristián Ruiz, enfrenta problemas con la regulación ambiental. En octubre del 2022, la Corte Suprema había anulado la Resolución de Calificación Ambiental para un proyecto de la piscicultura de Nalcahue en el río Chesque, al rechazar los recursos de casación interpuestos por la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tras denuncias de comunidades indígenas y empresarios turísticos vecinos. El proyecto consideraba el cultivo de salmónidos en las etapas de incubación, crecimiento y mantención de reproductores, para producir ovas, alevines y smolt, con una producción máxima de 140 toneladas anuales. Nalcahue operaba desde 1998 la piscicultura sin permiso ambiental, hasta que le fue otorgada la licencia recién en 2019 por el SEA.
Chesque Alto es una zona cordillerana de la Araucanía, donde conviven comunidades mapuches y emprendimientos turísticos, que dependen de las aguas de los esteros Nalcahue y Los Quiques, los cuales desembocan en el río Chesque, en la cabecera de la cuenca del río Valdivia.
La piscicultura, sin embargo, contaba con la autorización de la Subsecretaría de Pesca que databa de 1998, para producir 42 toneladas anuales de salmón coho, salmón atlántico y trucha Arcoíris. Pero, según el parte de la SMA, “excedió los límites permitidos al sobrepasar la producción autorizada. Además, amplió la infraestructura de cultivo con más estanques y bateas, y cambió el sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos (riles) de un decantador simple a un sistema con rotofiltros y desinfección UV”.
“Esta formulación de cargos se sustenta en una investigación tras recibir varias denuncias relacionadas con actividades no establecidas en el permiso original”, explicó Luis Muñoz, jefe de la SMA en la Araucanía.
Las inspecciones del regulador ambiental se llevaron a cabo tras 20 denuncias, que incluyeron informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el SEA y vecinos, que reclamaban por “malos olores, contaminación de aguas y suelos, así como un sistema de tratamiento de efluentes no autorizado”. La SMA además solicitó a Sernapesca información sobre la producción anual de la piscicultura durante los últimos años.
Los cargos formulados por la SMA, considerados graves, apuntan a modificaciones relevantes del proyecto como un aumento de producción de 8 toneladas sobre las 42 toneladas autorizadas y un cambio en el sistema de tratamiento de residuos líquidos.
Las infracciones graves pueden acarrear multas de hasta 5.000 UTA, equivalente a más de $3.900 millones, la revocación de la RCA o la clausura. Los titulares tienen 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y 15 días para formular descargos.
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