FRANCISCO COX SOBRE PROPUESTA DE CáRCELES SEGREGADAS DE KAST: “ES ABSURDO Y CONTRAPRODUCENTE (...) PARA QUE PUEDAN COORDINARSE”

El abogado Francisco Cox, experto en crimen organizado, conversó con La Prueba de ADN para analizar las diversas problemáticas que se afrontan en esta materia y los diferentes casos que han hecho noticia en las últimas jornadas.

Sin duda, uno de los casos que ha marcado la jornada fue la detención del ciudadano venezolano que era buscado por el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez y que iba rumo a Cali, Colombia.

A pesar de que Chile mantiene un tratado de extradición vigente con aquel país y se esperaría que las tramitaciones resulten expeditas, el invitado reconoció que “se demora bastante” debido al procedimiento judicial que se llevará a cabo en territorio colombiano. “Van a ser los tribunales colombianos los que deciden si lo extraditan o no”.

“Hay que tener en cuenta que en Colombia, y muchos países, el Poder Judicial es absolutamente independiente, y la importancia que tenga el caso a nivel de Chile, en mi opinión, no creo que tenga mucho peso en la judicatura”, comentó.

Siguiendo la misma línea, el especialista apuntó que “pensar que, porque uno expulsa a ciertas personas vinculadas al crimen organizado va a ser una solución, me parece que es una ingenuidad superlativa”.

Este tipo de personas pasa la frontera con mucha facilidad. Es una realidad. Es lamentable, pero dada la cantidad de fronteras que tenemos, dada la porosidad de nuestra frontera, es bastante esperable”, complementó.

De igual manera, apuntó a que “dada esta coordinación, esta asistencia judicial y esta comunicación que se ha fortalecido en el último tiempo, gracias al intento de ponerle freno al crimen organizado, y la coordinación de la fiscalía en la región, da un buen resultado”.

Sin embargo, Cox apeló a que “el Estado tiene que conoce quiénes son sus contrapartes -de la coordinación- y qué tan fiable es la información o qué tan efectivo ha sido ese convenio. Eso se tiene que ver en los resultados concretos”.

“La sola firma de acuerdo no parece suficiente (...) tiene que saber qué tipo de colaboración le están prestando o no, y eso es algo que se debe estar evaluando constantemente”, añadió.

Frente a esto, ”el Gobierno tiene que cumplir su función de evaluar la efectividad de estos acuerdos (...) y dar cuenta de si está funcionando o no. Si no está funcionando, declararlo y evidenciar la falta de colaboración, de lo contrario, uno contribuye a esta opacidad y falta de efectividad en la investigación”.

Los Gallegos

Otro de los temas que abordó el letrado tiene relación con Los Gallegos, una facción del Tren de Aragua con presencia en Chile y de la cual un numeroso grupo enfrentará un juicio en Arica.

Este caso ha generado polémica por el alto riesgo que significa llevar a cabo el proceso de manera presencial, por lo que proponen diversas alternativas para seguir adelante con la formalización.

Frente a esto, el también experto en derechos humanos indicó que “lo que no se piensa es que los derechos del imputado son la contracara de la efectividad y la mayor certeza posible de que estamos frente a las personas realmente culpables. No podemos olvidar que hay muchas condenas de inocentes”.

“Lo peor que podemos hacer es que, por avanzar apresuradamente a condenas y mostrar efectividad por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública, bajemos nuestros estándares y empecemos a condenar y meter presa a gente que no tiene vínculos con el crimen organizado”, reflexionó.

Cárceles segregadas

La semana pasada se viralizaron declaraciones de José Antonio Kast proponiendo cárceles segregadas, teniendo recintos para chilenos y otros para extranjeros, lo que generó un gran revuelo.

Para Francisco Cox esto es algo “absurdo”, proponiendo en casos similares “segregar por seguridad. Es decir, el nivel de peligrosidad de las personas es lo que debiera importar”, reconociendo que segregar “es importante” en diversos aspectos.

“Pensar que meter a la gente a la cárcel por nacionalidad es absurdo y contraproducente; vamos a poner a todos los que pertenecen a un determinado grupo en la misma cárcel para que puedan coordinarse y puedan seguir manejando su organización”, cuestionó.

Pena de muerte

Otra temática que se ha puesto sobre la mesa, independientemente de cuál sea su raíz, tiene relación con la pena de muerte para algunos delincuentes condenados, algo que instala aún mayor controversia y discusión.

Cox se muestra directamente “contrario a la pena de muerte”, apelando a que “tenemos demasiada experiencia de condenas erróneas”, terminando con la vida de personas que con el tiempo se demuestra que son inocentes.

Aún así, el abogado sostiene que “vetar ciertos diálogos me parece contraproducente, porque vetamos que se hable de ciertas cosas y eso no permite a la gente informarse y ver por qué la pena de muerte es una mala idea”.

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